Buscar search
Índice developer_guide

CONCEPTO 530566 DE 2026

(septiembre 10)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

Rad. 2026817571

Cód. 2000

Bogotá D.C.

Ref.Respuesta a derecho de petición - Solicitud de acometida eléctrica subterránea y retiro de cableado en desuso

Respetado señor Arismendy:

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación mediante la cual solicita que, para el inmueble ubicado en la Calle 75B No. 114A-60 Casa 17A (dirección catastral CL 77C No. 114A-60), localidad de Engativá, Bogotá D.C., se estudie la viabilidad técnica y normativa de realizar la acometida del servicio de energía eléctrica de manera subterránea y no mediante redes aéreas. Asimismo, solicita que se le informen los requisitos técnicos, económicos y administrativos aplicables y que la decisión que se adopte se encuentre debidamente motivada.

De manera complementaria, solicita que se ordene a ENEL Colombia S.A. E.S.P. y a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura ubicada en el sector realizar una inspección técnica integral del cableado instalado, con el fin de identificar y retirar cables, acometidas, elementos o infraestructura que se encuentren en desuso, abandonados o sin prestación efectiva del servicio, así como reorganizar el cableado existente.

Previo a dar respuesta a su inquietud, resulta pertinente mencionar que esta Comisión al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe recordar que en la medida en que los conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los mismos deben hacer referencia de manera general y abstracta respecto de las materias sobre las que versa su consulta.

A partir de lo señalado, la CRC se permite dar respuesta, en el marco de sus competencias, en los siguientes términos:

De conformidad con la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, las competencias de la CRC se encuentran relacionadas con la regulación de las redes y servicios de comunicaciones. Si bien el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 atribuye a esta Comisión la función de definir las condiciones en las cuales pueden ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios para la prestación de servicios de telecomunicaciones, dicha atribución no comprende la facultad de definir las condiciones bajo las cuales debe efectuarse la conexión de un inmueble al servicio público domiciliario de energía eléctrica.

En consecuencia, no corresponde a la CRC estudiar o decidir la viabilidad de la acometida eléctrica subterránea solicitada, autorizar su construcción, determinar si la conexión debe efectuarse mediante una acometida aérea o subterránea, ni establecer los requisitos técnicos, económicos o administrativos que resulten aplicables al inmueble objeto de su petición.

Estos aspectos corresponden al ámbito propio de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y deben ser analizados, para el caso concreto, por el respectivo prestador u operador de red, de conformidad con la regulación y las normas técnicas que resulten aplicables. En ese sentido, será el operador de red quien, a partir de las características particulares del inmueble, de la red existente en el sector, de la carga requerida y de las demás condiciones técnicas aplicables, determine la viabilidad y las condiciones bajo las cuales puede efectuarse la conexión solicitada.

Por otra parte, en cuanto a las consideraciones formuladas en su petición respecto del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), se precisa que la CRC no es la autoridad competente para interpretar dicho reglamento ni para determinar su cumplimiento en una instalación eléctrica particular. Tales asuntos se encuentran sometidos a las competencias atribuidas a las autoridades del sector de minas y energía y a las entidades de vigilancia y control señaladas en el propio reglamento, motivo por el cual, en cumplimiento del artículo 21 del CPACA, se dará traslado de este punto al Ministerio de Minas y Energía para lo de su competencia.

Conforme a lo señalado, la CRC no emitirá un pronunciamiento sobre la viabilidad técnica o jurídica de la acometida eléctrica subterránea pretendida, ni sobre si esta alternativa ofrece, para el inmueble objeto de la petición, mayores condiciones de seguridad, confiabilidad o eficiencia que una acometida aérea.

En relación con la solicitud complementaria referida al retiro de cables y demás elementos pertenecientes a redes de telecomunicaciones que eventualmente se encuentren en desuso, resulta pertinente señalar que esta materia sí ha sido objeto de regulación por parte de la CRC.

En efecto, el Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece las condiciones aplicables al acceso y uso de infraestructura elegible para el despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Es importante resaltar que esta Comisión ha establecido en el Artículo 4.10.1.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 el principio denominado «Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio del propietario de la infraestructura elegible» según el cual:

«En todo momento, el acceso y uso de la infraestructura elegible por parte de los proveedores de telecomunicaciones deberá cumplir con las condiciones técnicas para la compartición de infraestructura elegible vigentes, de forma tal que se dé un adecuado uso de la infraestructura objeto de compartición, no ponga en riesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios o de la infraestructura y no se degrade la calidad del servicio que el propietario de la infraestructura o red presta.»

Adicionalmente, en el mencionado régimen se faculta al proveedor de la infraestructura elegible (infraestructura que se va a compartir para el despliegue) la posibilidad de suspender el acceso a los PRST, o incluso retirar los elementos instalados en su infraestructura, en caso de que se incurra en conductas como: (i) no marcación de los elementos como se indica en el Artículo 4.10.2.1 de la resolución en referencia, «Todos los elementos afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones que sean instalados y apoyados directamente en la infraestructura elegible deberán estar debidamente marcados con el fin de identificar al responsable de los mismos.», (ii) desuso de la infraestructura como se indica en el Artículo 4.10.2.2 de la resolución en referencia «En todo momento, el proveedor de infraestructura elegible podrá retirar los elementos o equipos instalados y apoyados directamente en su infraestructura que no estén marcados o se encuentren en desuso.» y, (iii) la instalación de elementos sin autorización como se indica en el Artículo 4.10.2.3 de la resolución en referencia «En cualquier momento, el proveedor de infraestructura elegible podrá retirar cualquier elemento no autorizado que se encuentre en su infraestructura, así como todos aquellos equipos instalados por un proveedor de telecomunicaciones cuando pongan en riesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios y/o de la infraestructura.»

Para efectos de esta disposición, se consideran elementos en desuso aquellos cables, conductores y demás elementos ubicados en infraestructura elegible que no estén cumpliendo la función para la cual fueron instalados. No se consideran en desuso los bucles de reserva cuya ubicación haya sido autorizada por el proveedor de infraestructura.

Cuando sea posible identificar al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones responsable, el proveedor de infraestructura elegible debe concederle un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar la correspondiente marcación o retirar los elementos. Vencido dicho término sin que se haya efectuado la actuación correspondiente, el proveedor de infraestructura elegible puede proceder a retirarlos en los términos establecidos por la regulación.

De igual manera, los artículos 4.10.2.3 y 4.10.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen las reglas aplicables al retiro de elementos no autorizados y el procedimiento que debe seguirse cuando no resulte posible identificar al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones responsable de elementos sin marcar, en desuso o no autorizados.

En este punto resulta importante precisar que estos procedimientos son adelantados por el proveedor de la infraestructura elegible sobre la cual se encuentran instalados los elementos de telecomunicaciones y por los proveedores responsables de estos, según corresponda; su aplicación no requiere autorización previa de la CRC.

Por consiguiente, frente a su solicitud de que se ordene a ENEL Colombia S.A. E.S.P. y a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones realizar una inspección integral y retirar inmediatamente los cables o elementos que se encuentren en desuso, debe indicarse que no corresponde a la CRC realizar dicha inspección ni impartir, a partir de la petición presentada, una orden general de retiro del cableado existente en el sector.

Lo anterior obedece, además, a que la información aportada no permite establecer cuáles de los elementos existentes en el sector se encuentran efectivamente en desuso, sin marcación o instalados sin autorización; quién es el proveedor responsable de cada uno de ellos; ni cuál es el proveedor de la infraestructura sobre la cual se encuentran instalados.

No obstante, ello no significa que los elementos que efectivamente se encuentren en alguna de las situaciones descritas puedan permanecer indefinidamente en la infraestructura. Como se explicó, la regulación vigente contempla procedimientos específicos para su identificación y retiro, los cuales deben ser adelantados por el proveedor de infraestructura elegible y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones involucrados, según corresponda.

Sobre este particular, la CRC ha señalado previamente que corresponde a los propietarios de la infraestructura soporte realizar el retiro de los elementos en desuso o solicitar su retiro a los operadores que hacen uso de dicha infraestructura, de conformidad con las reglas establecidas en la Resolución CRC 5050 de 2016.

Ahora bien, cuando los elementos de telecomunicaciones se encuentren instalados sobre infraestructura eléctrica, adicionalmente deberán observarse las condiciones técnicas aplicables a la compartición de este tipo de infraestructura, incluidas las relacionadas con la seguridad de operarios, usuarios y de la propia infraestructura.

Finalmente, frente a su solicitud de reorganizar el cableado existente con el propósito de garantizar condiciones de seguridad, orden y protección del espacio público, así como de reducir la contaminación visual, se precisa que las competencias de la CRC en materia de infraestructura se circunscriben a las atribuidas expresamente por la ley, entre ellas, la regulación de las condiciones de acceso y uso de infraestructura susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones.

En consecuencia, la CRC no está facultada para ordenar la reorganización del cableado existente por razones urbanísticas, paisajísticas o de protección del espacio público. Por tal motivo, esta solicitud, será trasladada a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que adelanten el trámite correspondiente y emitan la respuesta a que haya lugar.

En los anteriores términos, damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que se requiera.

Cordial saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO

Coordinadora de Relaciones con Grupos de Valor

×
Volver arriba